El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado diligencias contra el juez que investigasu esposa por presunta corrupción y tráfico de influencias, acusándolo de hacer mal uso de su cargo judicial.

La noticia del proceso surgió el martes por la tarde, pocas horas después de que Sánchez invocara su derecho legal a no testificar en un caso relacionado con las actividades comerciales de su esposa, Begoña Gómez.

Gómez está siendo investigado por presunta corrupción y tráfico de influencias tras una denuncia del grupo de presión Manos Limpias, un autodenominado sindicato con vínculos de extrema derecha que tiene un largo historial de uso de los tribunales para perseguir objetivos políticos.

Manos Limpias tieneacusó a Gómez de usar su influenciacomo esposa del primer ministro para conseguir patrocinadores para un curso de maestría universitario que ella dirigía.

Aunque los fiscales de Madrid han pedido al tribunal que desestime el caso por falta de pruebas y de un informe de la Guardia Civil.No encontraron indicios de actividad criminal por parte de Gómezla investigación continúa.

A pesar de calificar las acusaciones contra su esposa como difamaciones infundadas y con motivaciones políticas, Sánchez se había ofrecido a presentar pruebas escritas al juez Juan Carlos Peinado.

Pero Peinado insistió en interrogar personalmente a Sánchez en su residencia oficial, la Moncloa de Madrid, donde el presidente del Gobierno ejerció su derecho a no declarar en un caso relacionado con un familiar.

A primera hora de la tarde del martes, el gobierno anunció que la Fiscalía del Estado había presentado una demanda contra Peinado por presunto abuso de poder.

En el centro de la denuncia está lo que califica como la decisión “injusta” y “deliberada” de Peinado de insistir en que testifique en persona en Moncloa, en lugar de permitir que Sánchez presente pruebas escritas, comola ley permite que hagan los funcionarios de alto rango.Peinado ha dicho que el testimonio debía darse en persona en Moncloa porque quería interrogar a Sánchez como cónyuge de Gómez, y no como primer ministro.

âEsto no es un intento de sugerir que alguien no debería ser investigado dentro de nuestro sistema legal;se trata de la forma en que se lleva a cabo la investigación”, dice la demanda.“En este caso específico, la investigación está encaminada a fines que distan de ser judiciales, y de tal manera que las decisiones no se toman por razones sumarias, sino por un efecto exagerado”.

La demanda argumentó que Peinado no podía intentar interrogar a Sánchez únicamente en su calidad de esposo de Gómez porque toda la investigación se basa en lo que supuestamente hizo Gómez como esposa del primer ministro.

“No se puede separar a una persona, y no se puede pretender que una persona va a ser interrogada como marido cuando el elemento determinante de la investigación es, como hemos dicho, el hecho de que el marido de la investigadaes el primer ministro”, decía.

La denuncia también destacó que la demanda “no era un ataque al poder judicial”, sino más bien un esfuerzo por proteger la oficina del primer ministro de ataques legales arbitrarios.

"Esta demanda pretende respetar la independencia del poder judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes actúan por motivos políticos y al margen de la ley", afirmó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Sánchez, quien ha descrito el caso contra su esposa como “un feo montaje impulsado por los grupos de extrema derecha detrás de la denuncia”,suspendió sus funciones públicas durante cinco días a finales de abrilmientras consideraba si quería continuar en el cargo debido a lo que denominó la “operación de acoso e intimidación” que él y su esposa estaban soportando.Éldecidió quedarsecomo primer ministro.